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Celebrada en Almería las III Jornadas de política Institucional del PCA

El Sábado 28 de Julio de 2012, se celebro en la sede provincial del PCA de Almería las III Jornadas de política Institucional desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, organizadas por la secretaria de política institucional del PCA de Almería, con los siguientes temas a tratar y los ponentes que intervinieron:

1.- LEY DE BASES DE REGIMEN LOCAL, con la disertación de Lolo Silva Exconcejal del Ayuntamiento de Sevilla.

2.- URBANISMO, VIVIENDA Y DESAHUCIOS, con la intervención de la Directora General de vivienda de la Junta de Andalucía Amanda Meyer. En este punto se cuenta con la presencia del representante de la plataforma de afectados por las hipotecas.

3.- PRESUPUESTOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA PARA 2013, con la intervención de Javier Navascues, miembro del tribunal de cuentas de Andalucía.

En referencia al borrador emitido por el Gobierno Central a la FEMP, Lolo Silva expuso que el Gobierno del PP dentro del marco de “reformas” que ha decidido emprender ha presentado a la FEMP un documento de modificación de la Ley de Bases de Régimen Local que afecta a 14 de sus artículos bajo el argumento de la necesidad de adecuar esta ley a la recién aprobada Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Antes de entrar a valorar el contenido de la propuesta de reforma presentada merece la pena recordar que desde el conjunto del municipalismo español y en especial desde IU se viene exigiendo, desde hace mucho tiempo, la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 por considerar que la misma en algunos de sus aspectos había quedado obsoleta y que era necesario abordar con seriedad la nueva legislación teniendo en cuenta la nueva realidad municipal , la experiencia de gestión adquirida en estos más de 35 años y la necesidad de dar cumplimiento al principio de suficiencia financiera local .

Desde este punto de vista y sin perjuicio del análisis más pormenorizado que a continuación se detalla la propuesta de modificación presentada por el Gobierno de Mariano Rajoy es absolutamente decepcionante en su contenido, falsa en su justificación y profundamente ineficaz y nociva para el interés de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.

La propuesta presentada pretende modificar parte del articulado de la Ley de Bases de Régimen Local, concretamente 14 artículos que afectan a las siguientes materias:

– Delimitación competencial de los municipios

– Gestión de competencias municipales por las diputaciones provinciales

– La comarca

– Convenios y consorcios.

– Competencias y capacidad de gasto de los ayuntamientos.

En resumen establece la obligación para los ayuntamientos de realizar en el plazo de un año un informe de evaluación del conjunto de sus servicios para ajustarlo a la ley de estabilidad presupuestaria y evitar duplicidades.

A la vista del mismo si no pueden mantenerse determinados servicios o son deficitarios

– si son facultativos o actividades económicas se suprimirán.

– si son obligatorios se podrá privatizar.

– si son servicios mínimos en municipios de menos de 20.000 habitantes sus funciones las asumirá la diputación provincial y si son de más de 20.000 habitantes se podrá plantear una formula supra municipal de prestación.

– si el servicio se presta por delegación de otra administración se reajustarán las condiciones financieras del convenio suscrito o se podrá rescindir el mismo.

Ante todo lo expuesto la valoración de IU es en primer lugar, la reforma prevista bajo la excusa de adecuar la Ley de Bases de Régimen Local a la Ley de Estabilidad Presupuestaria lo que hace es atacar los principios constitucionales de autonomía local y suficiencia financiera.

Se utiliza la reforma para dar una vuelta de tuerca al municipalismo español limitando su capacidad política y de gestión, limitando el contenido constitucional del principio de autonomía local y eliminando la definición constitucional de los ayuntamientos como parte del Estado.

En definitiva establece una jerarquía entre administraciones que en ningún caso viene reconocida en la Constitución y que rompe con la definición de la estructura territorial del Estado.

En consecuencia avanza en la dirección contraria a lo que han sido tradicionalmente las reivindicaciones de IU: más autonomía, claridad competencial y más financiación.

Asimismo la Administración del Estado podrá someter la aprobación de los planes de ajuste y de los planes económicos financieros al cumplimiento de las medidas anteriores.

A nuestro juicio este proyecto vulnera lo establecido en el Art 142 de la Constitución española y en caso de ser aprobada habría que cuestionar tanto política como jurídicamente su constitucionalidad.

Por tanto en vez de avanzar en la línea de construir ayuntamientos más fuertes con más competencias y mayor capacidad de gestión se va en la dirección contraria, intentando alejar la política de los ciudadanos y convirtiendo a los ayuntamientos en rehenes políticos de otras administraciones y abriendo la puerta, aún más, si cabe, al clientelismo partidista y al trato arbitrario.

En definitiva desde IU analizamos con extraordinaria preocupación este anteproyecto, consideramos que el mismo anula el principio de autonomía local previsto en el Art 142 de la Constitución que permitiría, en el caso de que el mismo se apruebe, interponer el correspondiente recurso de inconstitucionalidad. Asimismo discrepamos profundamente del marco competencial previsto y nos oponemos radicalmente al modelo del PP de regular ayuntamientos controlados políticamente, sin capacidad de gestión.

Pero sobre todo nos oponemos a este anteproyecto porque es malo para los intereses de los ciudadanos de nuestro país que a diario utilizan miles de servicios municipales de carácter educativo, de salud, de empleo de vivienda, de carácter social , de atención a los dependientes, etc… servicios que con este anteproyecto están abocados a desaparecer, desapareciendo en consecuencia su prestación a los ciudadanos.

Esta contrarreforma supone un paso más en el objetivo del PP de debilitar el Estado, de reducir el espacio de lo publico.

En urbanismo, vivienda y desahucios el representante de la plataforma de afectados por las hipotecas, subrayo la preocupación por el crecimiento de los desahucios a nivel nacional.

En este punto la Directora General de la Junta de Andalucía en materia de vivienda, expuso los siguientes datos:

La realidad andaluza muestra los siguientes parámetros:

· Incremento del 59,3% de los desahucios en el año 2011

· En Andalucía existen 621.128 viviendas vacías

· El endeudamiento privado tiene distintos tratamientos políticos

En este contexto se hace necesario poner de manifiesto que:

· Los espacios de encuentro, debate y movilización que identifiquen los desmanes del

capitalismo y los combata

· El derecho a la vivienda recogido en el articulo 25 del Estatuto de Autonomía para

Andalucía

· Los mecanismos de la democracia en defensa del derecho a la vivienda.

Por ello desde IULV-CA nos comprometemos a poner en práctica, no sólo, una declaración de intenciones, si no la disposición a plantear medidas concretas para:

· Defensa y apoyo a las familias acosadas por el poder financiero.

· Parque público de viviendas en alquiler acorde con los ingresos del demandante.

· Banca Pública, Social y Ética al servicio del derecho a la vivienda

Ello significa que trabajaremos en la línea de conseguir para la ciudadanía los siguientes

objetivos programáticos:

· Participación ciudadana en las decisiones cruciales para la sociedad como puede ser la política de vivienda.

· Frente a la especulación situar la política de vivienda al servicio de las personas.

· Dación en pago de la vivienda para saldar el préstamo hipotecario

· Protección de las personas y familias en situación de quiebra económica.

· Incorporar las viviendas vacías al parque de viviendas ocupadas mediante impuestos y

sanciones.

· Construcción pública de viviendas en régimen de alquiler y/o propiedad

· Apoyo institucional a la construcción en régimen de cooperativa.

· Plan de Seguridad Pública que establezca directrices y políticas a desarrollar a partir de la previsión de riesgos, las actuaciones y los medios en materia de seguridad ciudadana, emergencias y seguridad vial.

También comento que es necesario crear un modelo alternativo al actual, en materia de planeamiento urbanístico y vivienda que parta de las siguientes premisas:

· La ciudad productora de recursos: energéticos, alimentarios, económicos.

· Calidad de vida: Respeto al medio natural, sus valores y su defensa frente a la contaminación y a los intereses meramente especulativos.

· Un medio ambiente urbano, que incremente los porcentajes de suelo destinado a equipamientos, zonas verdes, huertos urbanos, etc.

· Creación de redes de parques periurbanos, situados en zonas forestales con cierta degradación que puedan soportar la presión ejercida por la necesidad del esparcimiento de los ciudadanos.

· Planes de recuperación de los cascos antiguos.

· Un hábitat democrático, sin periferias marginales ni centros congestionados, en base a un planeamiento urbanístico que evite la especulación del suelo.

· Planes de erradicación del chabolismo y de los guetos de pobreza. Garantizar unos mínimos de habitabilidad y de calidad estética y constructiva.

· Evitar el despilfarro social que suponen las viviendas vacías o desocupadas. En las ciudades con problemas de suelo, incrementar y fomentar las promociones públicas de viviendas, a través de cooperativas sociales.

· Defensa y promoción de las pequeñas y medianas ciudades. Igualar las condiciones de vida de los pueblos y ciudades: aumento de infraestructuras sociales en los primeros y

seguimiento del aumento de la población en grandes ciudades, junto a la creación de zonas verdes, peatonales y parques periurbanos.

· En definitiva, el suelo tiene que ser entendido como un bien social perteneciente a la comunidad y a la sociedad en su conjunto, que tiene que actuar como valor reequilibrador de las desigualdades en materia urbanística que permanecen hoy en Andalucía.

En el apartado de los presupuesto para 2013, Javier Navascues, realizo una explicación de los distintos programas de los presupuestos, que atañen a todas las consejerias.

Expuso que el presupuesto normalmente tiene que ser aprobado antes del 31 de Diciembre, con lo que al Parlamento se le tiene que enviar antes del 31 de Octubre.

Comento que del presupuesto de 2011 alrededor de 2.000 Millones de euros quedaron sin ejecutar.

El Presupuesto consolidado aprobado por el Parlamento para 2011 ascendió a 31,7 mil millones de euros mientras que el de 2012 asciende a 32,0 mil millones.

Seguidamente hizo referencia a los siguientes datos en educación y sanidad:

  • Personal: 9.791 M€ con empresas 11.000 M€

    • Educación: 4.152 M€

    • Sanidad y SS: 4.556 M€

    • Personal empresas e instrumentales, 1.200 M€

  • Gasto corriente (cap. 2) 3.141 M€

    • Educación: 352 M€

    • Sanidad: 2.358 M€

  • Transferencias corrientes: 11.608 M€

    • Sanidad y dependencia: 2.633 M€ + 40 M€

    • CCLL: 2.499 M€ + 480 M€

    • FAGA: 1.503 M€

También hizo referencia a los siguientes datos indicativos del presupuesto:

  • Carga de la deuda (2012):

    • Intereses 814 M€

    • Devoluciones 1.489 M€

  • Conciertos:

    • Educativos 715 M€

    • Sanitarios y de Servicios Sociales 1.400 M€

  • Altos cargos: 21,7 M€ (más SS, 6M€)

Finalmente comento algunos datos orientativos para el presupuesto de 2013:

  • Posiblemente se produzca una variación del 3% (958 M€) mas que en 2012.

  • La carga financiera posiblemente sea de 1.274 M€.

  • Con lo cual la variación real previsiblemte sea de -316 M€ (-10%).

  • Los mayores recortes se pueden producir en:

    • Economía, Innovación y Empleo: 507

    • Educación: 403 (324)

    • Salud: 338 (322)

  • Así como los mayores aumentos se pueden producir en:

  • Medio Ambiente y Urbanismo: 757

  • Fomento y vivienda: 243

La sesión se cerró comentando que los pagos en educación y sanidad son prioritarios

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