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El Gobierno de Rajoy paraliza de nuevo la Ley andaluza antidesahucios

Publicado en Mundo Obrero // Pedro J. Ortega (Nº 268 de la edición impresa de Mundo Obrero enero 2014)

El Gobierno de Rajoy paraliza de nuevo la Ley andaluza antidesahucios La efectividad de la norma estatal se sitúa en un 2% frente al 80% de efectividad de la legislación andaluza, según Metroscopia.

Se cumple un año desde que el Movimiento en defensa de la vivienda digna concluyese la recogida de firmas para la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), una campaña que nacía al calor de las movilizaciones contra los desahucios y que llevaba al Congreso de los Diputados, entre otras cuestiones, la dación en pago retroactiva, la paralización de los desalojos y el alquiler social.

La iniciativa, que despertó un gran consenso entre la población, finalmente quedó reducida a un Proyecto de Ley del Gobierno central, pues el ejecutivo de Rajoy, contrario a la propuesta, sorteó el debate de la ILP alegando que estaba en marcha un Decreto de urgencia para la paralización de los desahucios y que, por tanto, el texto original debía fusionarse con esa normativa. Esta suerte de texto conjunto, defendido únicamente por el PP, llegó a ser definido por el propio movimiento en defensa de la vivienda como la “eliminación el espíritu de la ILP” por lo que llegaron a pedir su retirada simbólica.Razón no le faltaba a la portavoz de La PAH, Ada Colau, pues esa suerte de amalgama en forma de Proyecto de Ley del Gobierno, lejos de contemplar la dación en el pago, ni siquiera hacía mención a ella; en lugar de hablar de paralización de desahucios, los supuestos para poder acogerse a la norma quedaban reducidos a casos de familias numerosas, parados de larga duración o víctimas de violencia de género; y sobre el alquiler social demandado en la ILP, el Proyecto del Gobierno hablaba de un “fondo social de viviendas” destinadas a personas desalojadas de su vivienda habitual. En definitiva, un total de 5.891 viviendas propiedad de las 33 entidades de crédito que rubricaron el acuerdo con el Gobierno y puestas en alquiler por dos años con rentas que oscilan entre los 150€ y los 400€ al mes. La cifra resulta ridícula pues las viviendas movilizadas mediante este acuerdo firmado a principios de 2013 no alcanzan ni al 1,5 por ciento de los desahucios ejecutados desde el inicio de la crisis económica.Merece la pena recordar, ahora que se cumple un año de aquella maniobra del Gobierno para tumbar la ILP, la comparecencia de prensa de la vicepresidenta Saenz de Santamaría en la que, con lágrimas en los ojos y casi sin poder articular palabras, teatralizaba cierta empatía con las víctimas de los desahucios. “Nos puede pasar a cualquiera” dijo la vicepresidenta durante la presentación del convenio con las entidades de crédito para ese Fondo Social de Vivienda.

Lejos de solucionar la problemática, la realidad es que nada ha cambiado y para muestra los datos que se desprenden del estudio elaborado por Metroscopia y que sitúa la efectividad de la norma estatal en un 2%. O lo que es lo mismo: solo 2 casos de cada 100 desahucios que se producen en España pueden acogerse a la legislación puesta en marcha por el Gobierno de Rajoy.

Pero sin duda el dato que más llama la atención de esta investigación dirigida por la ex juez Manuela Carmena es la comparativa entre la norma estatal y la norma andaluza. Frente al escaso impacto de la medida estatal, debido a los estrictos requisitos para optar a la paralización del desahucio, los plazos establecidos y la dificultad de los trámites, el Decreto y posterior Ley del Gobierno andaluz para hacer cumplir la función social de la vivienda arroja un aplastante 80 por ciento de efectividad. O lo que es lo mismo, 80 de cada 100 andaluces en riesgo de desahucio han podido acogerse a la norma que, entre otras medidas, garantiza la expropiación del uso de la vivienda en caso de que exista orden de desahucio.

No es de extrañar puesto que la norma andaluza ha tenido unos requisitos mucho más fáciles de cumplir y así lo ha demostrado. Las cifras que arroja en cinco meses en vigor la Ley andaluza ha permitido a la Consejería de Vivienda que dirige Elena Cortés (IU) tramitar las solicitudes de expropiación de 191 familias de las que 154 cumplen con los requisitos marcados.

A esta cifra habría que sumar los más de 3.200 desalojos que ha paralizado el Programa en defensa de la vivienda en su primer año de funcionamiento, con una red de oficinas de prevención, intermediación y protección también puesto en marcha por esta misma Consejería.

Una efectividad, la de la norma andaluza, que el Gobierno de Rajoy ha paralizado tras su recurso ante el Tribunal Constitucional, que contrasta con la escasa efectividad de la norma estatal puesta en marcha por el ejecutivo central. En palabras de la consejera andaluza, Elena Cortés, “el gobierno con su recurso ha demostrado que tiene miedo a nuestra Ley porque sabía que funcionaba y que estaba cambiando las cosas”.

Así las cosas, la consejera se queja de que el Gobierno de Rajoy no se haya sentado en la mesa de diálogo y que haya preferido recurrir la Ley con nocturnidad y alevosía, sin publicidad y sin informar al Gobierno andaluz ni por la vía formal ni informal. Hasta tal punto ha sido poco transparente que la decisión de recurrir la norma no fue motivo para que se informara en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La ministra del ramo no se escapa del oscurantismo pues incluso escondió la información del recurso a su homóloga consejera andaluza en el mismo día de su formalización por el Consejo de Ministros, día en que ambas compartían agenda.

Ahora la Ley andaluza, pese a su efectividad, pasa a estar paralizada. El Tribunal Constitucional tiene cinco meses para decidir si levanta o no la suspensión cautelar hasta que haya sentencia, un escenario que podría llevar años de espera. Ante este panorama y consciente de la problemática de los desahucios, que lejos de aplazarse se recrudece, la consejera de IU no parece estar dispuesta a desistir. “Hemos establecido un compromiso con Andalucía para tejer una alianza de clase y de género; estamos determinados a defender el derecho humano a la vivienda y lo vamos a seguir haciendo desde la Junta de Andalucía”, ha asegurado Elena Cortés.

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