Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

El Gobierno desoye las peticiones de información del PCA de Almería por los gastos policiales en la marcha obrera del SAT

El PCA de Almería critica la estrategia de desinformación llevada a cabo por el Gobierno mediante la silenciación y la criminalización de cualquier acto de protesta ciudadana contra los recortes que llevan aplicando desde el inicio de la presente legislatura.

El Comité Local del PCA en Almería instó al Gobierno, a través del parlamentario de IU Alberto Garzón, a responder por el dispositivo policial organizado con motivo de la marcha obrera del Sindicato Andaluz de Trabajadores en defensa de los derechos laborales que tuvo lugar en los días 12 y 13 de septiembre de 2012, a su paso por Almería. En sus preguntas a la mesa del Congreso de los Diputados, Alberto Garzón ha hecho hincapié en las desproporcionadas medidas adoptadas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y sobre el coste económico de las mismas (máxime cuando los recortes en gasto social se agudiza), así como si existieron órdenes directas desde el Gobierno para llevar a cabo identificaciones masivas. A pesar de los reiterados mensajes lanzados desde el SAT para subrayar el cariz pacífico de los actos reivindicativos, se desplegó un operativo que blindó tanto grandes superficies como pequeños comercios al paso de la marcha obrera, y se produjeron identificaciones y grabaciones en vídeo de los participantes en los actos. La marcha obrera del SAT, secundada por el PCA así como por numerosas organizaciones sociales, por el Poniente almeriense transcurrió sin incidentes.

Por otra parte, el PCA de Almería también se ha dirigido al Gobierno por las identificaciones realizadas durante las protestas por la Educación Pública y en contra del aumento de las tasas universitarias, convocadas por las organizaciones sindicales CCOO y UGT que tuvieron lugar en la capital el día 22 de mayo del año pasado. El Gobierno ha abierto expediente sancionador contra varios ciudadanos, entre ellos jóvenes estudiantes que, sin embargo, no estuvieron presentes en los actos de protesta. Estos hechos, como afirma Garzón en su escrito, “son totalmente desproporcionados, vulnerando principios generales de derecho como el principio de mínima intervención, principio de presunción de inocencia y principio de proporcionalidad. Esto supone una preocupante criminalización sobre las movilizaciones sociales y pacíficas desarrolladas contra los recortes en materia de educación”.

La escueta respuesta que ha ofrecido el Gobierno se ha limitado recordar la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión y la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, desoyendo por completo la solicitud presentada por el diputado Garzón. Como viene siendo ya habitual, denuncia el PCA, el Gobierno aplica su doble fórmula ante cualquier protesta contra sus políticas de recortes, es decir, la de silenciar y criminalizar a la ciudadanía como única forma de afrontar el fracaso de aquellas.

Preguntas paralmentarias de IU y contestación del Gobierno

Pincha aquí para ver la galería de fotos

Share

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *