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EREs, la red clientelar del PSOE en Andalucía

Mundo Obrero Redacción . Andalucía 14/01/2013

El caso de los EREs es un ejemplo del ‘régimen’ de mayoría absoluta durante 30 años del PSOE Andaluz, basado en el clientelismo, la opacidad y colaboración acomodaticia de los llamados “agentes sociales”. En la imagen el Consejero de Empleo José A. Viera.

A finales de los años 90, la empresa jienense Cárnicas Molina, tras una dilatada crisis, pasa a manos del IFA, un ente instrumental de la Junta de Andalucía. En 1999, la Junta decide transferir esta empresa a Campofrío que, para hacérselo más fácil a la multinacional, se le dota de un componente digestivo en forma de acuerdo por el que se prejubila a una parte de la plantilla, aquellos que estuvieran por encima de los cincuenta años.

El sistema elegido para la prejubilación fue contratar una póliza de seguros mediante la cual los trabajadores prejubilados seguirían cobrando su salario hasta llegar a la edad de jubilación. La Junta de Andalucía subvencionaría esas pólizas de seguros, socializando así el coste de lo que no dejaba de ser el despido de los trabajadores afectados.

Este acuerdo tropezó con un obstáculo, la Intervención de la Junta de Andalucía que puso pegas a las subvenciones, lo que dio lugar a una historia interminable de trabas e incumplimientos. La situación de los trabajadores, a la espera de ser recolocados y prejubilados, que no cobraban, se arrastraría hasta 2009. Entre los artífices de esta “solución” aparecen Juan Lanzas, del sindicato de alimentación de UGT; el entonces viceconsejero de empleo, Antonio Fernández; y el director general, Francisco Javier Guerrero que acabaron resultando protagonistas del culebrón de los EREs.

Cuando esto sucede ya se llevaban bastantes años de experiencia con las prejubilaciones, un invento surgido para paliar los problemas emanados en la época de la reconversión industrial que excluía a trabajadores mayores, de difícil recolocación, y que no podían pasar todavía a la jubilación.

El Ministerio de Trabajo, dirigido precisamente por José Antonio Griñán, diseñó para ello un procedimiento por el que la Seguridad Social se hacía cargo de estos trabajadores siempre y cuando las empresas afectadas aportaran una parte del coste, siendo el restante subvencionado.

Pero esta solución imponía un control muy preciso de quiénes podían ser los beneficiarios y, lo más importante, obligaba a las empresas a aportar una parte del coste. Para soslayar ambas cuestiones se decide acudir a pólizas de seguro con compañías privadas. No obstante, el fondo de la cuestión es que no dejaba de ser una subvención, lo que ocasionó los reparos del interventor.

Aprendida la lección, en lugar de seguir el procedimiento reglado, el consejero de empleo, José Antonio Viera, barón sevillano del PSOE, y su viceconsejero Fernández diseñan en 2001 un mecanismo para eludir el control de la Intervención de la Junta mediante un convenio por el que la Consejería resolvía a quién y cómo se daban las subvenciones pero quien las pagaba era el IFA, un organismo que no estaba sujeto a la fiscalización previa de la Intervención pública.

Aprovechando el mecanismo se decide incluir también unas “ayudas a empresas en crisis” que ya no son subvenciones a trabajadores sino directamente a empresarios. Durante diez años se distribuyen por esta vía fondos con un coste total de 1.200 millones de euros, según estima la Cámara de Cuentas de Andalucía, de los que 127 millones lo han sido en forma de ayudas directas a empresas.

La distribución de los fondos es un catálogo de irregularidades e incumplimientos legales difíciles de igualar, como se puede comprobar en las conclusiones de los diputados de IU en la Comisión de Investigación del Parlamento de Andalucía o en el propio informe de la Cámara. Ambos documentos presentan los hechos con rigurosidad y en el caso de la propuesta de Dictamen de la Comisión de los diputados de IU, un pormenorizado relato de los hechos.

La información publicada en la prensa, siendo escandalosa, está sesgadísima. Por un lado, la información de la prensa pretende dar a entender que todas las ayudas a trabajadores han sido arbitrarias y hay que precisar que cuando hablamos de los más de 6.000 casos, los denominados “intrusos”, es decir personas que ni siquiera trabajaban en las empresas afectadas, son apenas 150.

Por otro lado, la información de la prensa ha resaltado las ayudas a empresas de determinadas zonas de donde provenían los cargos socialistas responsables, pero no se señalan las ayudas entregadas a multinacionales, empresas públicas saneadas o entes como la Fundación San Telmo, una “escuela de negocios” cercana al Opus Dei, de cuyos titulados se nutren por igual administraciones controladas por el PSOE, por el PP y grupos empresariales regionales.

Es importante señalar que el caso de los EREs es un ejemplo del “régimen” de la mayoría absoluta del PSOE en Andalucía, basado en el clientelismo, la opacidad y la colaboración acomodaticia de los llamados “agentes sociales”, verdaderos huéspedes invisibles en el trámite de la Comisión de Investigación.

Es igualmente destacable el filibusterismo del PP que ha trabajado desde el primer momento por desacreditar al Parlamento andaluz, llegando a votar con el PSOE contra cualquier conclusión que responsabilizara a la administración de la Junta a fin de reafirmar su tesis inicial: que la investigación del Parlamento no servía para nada. Como el que asiste a una investigación y no atiende a los datos. Así el PP ha preferido esperar que los tribunales de justicia, en este caso la jueza Alaya, le hiciera el trabajo sucio a pesar de la inexplicable reticencia de ésta a imputar al verdadero responsable: José Antonio Viera, cuya inclusión en el sumario retiraría el caso de las manos de Alaya, dada la condición de Viera como Diputado en el Congreso.

En última instancia, hemos podido ser testigos de una descarada operación de socialización de costes con auténticos rasgos de chantaje, donde algunos miles de trabajadores en situación social desesperada han sido tomados como rehenes para justificar una política clientelar y fracasada. En primer lugar porque se han aprovechado los fondos para favorecer intereses en zonas como la Sierra Norte de Sevilla y el Marco de Jerez, zonas de alto interés electoral y personal de altos cargos del PSOE. En segundo lugar porque los 6.000 casos que se han visto implicados son apenas la quinta parte de las 32.000 víctimas de ERE extintivos en Andalucía en el periodo comprendido entre 2001 y 2010 de los que nadie se ha ocupado. En tercer lugar porque los fondos implicados son una cantidad ínfima comparada con los ahorros conseguidos por los empresarios con esos ERE y con un número aún mayor de expedientes temporales, todo ello sin contar con las ayudas directas a empresas. Y cuarto y último, porque una parte significativa de los casos son la manifestación de la desastrosa política industrial de la Junta como las citadas Cárnicas Molina o Santana Motor, la franja pirítica, los restos de la industria textil reconvertida en los ochenta, etc.

 

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