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Hacia un banco público de tierras para Andalucía

El PCA ha emprendido una campaña de movilización junto con organizaciones y asociaciones agrarias para reivindicar e impulsar la puesta en marcha de un Banco Público de Tierras en Andalucía, la función social de la tierra y la reforma agraria. 

En esta mañana de sábado se han producido ocupaciones de fincas públicas y privadas en Campillos (Málaga), Lepe (Huelva), Badalatosa (Sevilla) y en Montemayor (Córdoba) para volver a poner el foco de atención sobre la necesidad de los trabajadores y trabajadoras de acceder a una legislación que garantice la función social de la tierra. Por ello, el PCA insta a la Junta a legislar para garantizar, tal y como se ha hecho con la vivienda, que el campo andaluz tenga ese carácter social .

Para el PCA se hace necesario garantizar unas condiciones dignas para las personas que están en paro y para ello hay que promover y crear un nuevo modelo productivo más justo. La próxima Ley del banco público de tierras de la Junta de Andalucía debe ser un paso hacia adelante para hacer que las fincas improductivas puedan convertirse en generadoras de empleo y riqueza.

La campaña de movilizaciones y de encuentros con organizaciones, colectivos y asociaciones agrarias, tiene como objetivo reivindicar e impulsar la reforma agraria integral que necesita el campo andaluz para dar trabajo y derechos a miles de trabajadores y trabajadoras que dependen de este sector.

En concreto, la campaña está consistiendo en la elaboración colectiva junto con los colectivos agrarios de una propuesta programática para poner en marcha dicha reforma agraria que el PCA llevará a Izquierda Unida, tras celebrar una Conferencia abierta sobre la situación del campo andaluz.

El PCA denuncia que en la actualidad el 3% de los propietarios de tierras en Andalucía poseen el 55% de las mismas. Esta acumulación de tierras supera la que había en la década de los años treinta del pasado siglo, lo que supone una evidente situación anacrónica y de injusticia social. Además, el 20% de los terratenientes de Andalucía reciben el 80% de las ayudas que la Unión Europea entrega al sector agrario andaluz, al mismo tiempo que un selecto grupo de propietarios que suponen el 0,5% del total se han embolsado el 25% de las subvenciones de la UE. Frente a esto, en Andalucía hay algo más de medio millón de personas afiliadas al régimen agrario cuyos ingresos son de tan sólo 420 euros al mes, que además sufren de precariedad y temporalidad en su trabajo.

Por esto el PCA reivindica una reforma agraria integral basada en el principio de soberanía alimentaria, que sirva para modernizar este sector para permitir que miles de personas sin empleo puedan trabajar en el campo y evitar que la acumulación de tierras por parte de muy pocos propietarios siga siendo una causa más de paro y pobreza.

La noticia en Canal Sur:

 

 

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