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Resolución contra la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

foto1-sigpacEl Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) anuló el 9 de noviembre la normativa que obliga a los países comunitarios a publicar los nombres de los beneficiarios de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) y los importes específicos recibidos por ellas.

La Justicia comunitaria dictaminó, en una sentencia, que “es desproporcionado” obligar a difundir datos de carácter personal de los receptores de las subvenciones de la PAC, tal y como establece una normativa de la UE cuyo fin es garantizar la transparencia sobre el destino de esos fondos.

Según el Tribunal europeo, la difusión en una página web de los beneficiarios de pagos de los fondos europeos Feaga (ayudas directas) y Feader (fondos para el desarrollo rural), así como de los montantes específicos “constituye una lesión del derecho al respeto de la vida privada y a la protección de datos”, ya que resultan accesibles a terceros.

Recordemos que gracias a la publicación de estos datos, se conocieron algunos detalles como el dinero recibido por familias como Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, Borbón, Osborne, Domecq, o que en 2008 la casa de Alba recibió más de 2 millones de euros de esas ayudas, que la reina de Inglaterra recibió más de medio millón o el Príncipe Carlos más de 200.000 euros.

Para el Partido Comunista de España, el derecho a la protección de datos de un ciudadano o una empresa que demanda una ayuda pública no puede estar por encima del derecho de los ciudadanos a saber qué se hace con los impuestos que pagamos y a quiénes van destinadas las ayudas que con ellos se financian.

El derecho a la transparencia presupuestaria no puede ser menor que el derecho de una persona que se beneficia de una ayuda pública a permanecer en el anonimato. En el momento en que ocurre esto, estamos hablando de que las ayudas agrícolas se convertirán en una especie de fondos reservados sobre los que mantener un mínimo control será una tarea casi imposible.

Estas ayudas ya de por sí presentan un elevado grado de oscurantismo y donde los casos de corrupción y nepotismo han sido recurrentes en los últimos tiempos.

Por tanto, exigimos que en el caso de solicitudes de fondos públicos, sigan publicándose los nombres de los perceptores y los montos correspondientes. También reiteramos nuestra exigencia de que se rijan por principios perfectamente delimitados, con una finalidad precisa, con unos objetivos claros y contrastables, y con un seguimiento de su destino.

Secretaría Programática PCE.

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